México, 26 abr (Prensa Latina) Al menos dos mil migrantes desaparecieron en México en los últimos tiempos, advirtió hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH), por ello el gobierno debe contar con un sistema sólido de protección.
La comisión firmó un comunicado con organismos públicos estatales a fin de buscar garantías de las 32 entidades federales del país sobre búsqueda de soluciones a la crisis migratoria en la región.
En el texto advierten que el despliegue de ocho mil elementos de las fuerzas armadas en las fronteras sur y norte de México los exponen a un aumento de violaciones a sus derechos por parte de esta autoridad, así como a transitar por rutas que son más peligrosas por la presencia de la delincuencia organizada.
Las instituciones que conforman la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, llamaron a construir compromisos regionales para atender y proteger a los migrantes y refugiados.
La gravedad de las violaciones a los derechos humanos en contra de la población migrante es contundente, aseguran. No obstante, no se han logrado consolidar los ejes normativos, programáticos y estratégicos que permitan atender esta emergencia humanitaria de forma integral y con un enfoque diferencial de los derechos humanos.
Remarcaron que desde hace dos décadas se agudizaron las denuncias de agresiones contra la población en movilidad irregular, además que la emergencia sanitaria por Covid-19 representa un escenario adverso para su integración en las naciones de acogida.
Durante 2020 en México, explica, 41 mil 329 personas solicitaron asilo, se reportaron 87 mil 260 eventos de detención migratoria y 184 mil 423 de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos.
Ante ello, la federación mexicana exhortó a las autoridades nacionales a priorizar la estrategia de atención y protección a las personas en movilidad humana que, en la actualidad, requieren asistencia humanitaria coordinada y eficaz.
En materia de refugio, dijeron los organismos federados, algunos de los retos son el fortalecimiento del reconocimiento de la condición de refugiado, el mejoramiento del proceso administrativo para conseguirlo y la implementación de una agenda pública para la inclusión social de esas personas en el país.
A ello agregaron la precariedad de albergues especializados en todas las entidades para recibir a los migrantes, el desarrollo urgente de programas de asistencia humanitaria que promuevan la inclusión social y atención integral de las personas, y el apoyo a los ya existentes para que éstos no desaparezcan.